Abril – Mayo 2026

Ciertas decisiones marcan un cambio de rumbo frente a la tradicional y poco novedosa forma de hacer las cosas. Históricamente se ha comprobado que el Estado no es buen constructor, que no tiene capacidad para hacerlo y que, cuando lo hace, no cubre siquiera una fracción significativa del déficit habitacional en el país.

La recientemente aprobada ley para incentivar la construcción de vivienda de interés social en Ecuador es el mejor ejemplo de innovación política. El presidente Noboa ha dado un paso gigante para dejar atrás un modelo obsoleto, aceptando la realidad de que es la empresa privada, actuando de la mano del gobierno, la llamada a activar una rueda de múltiples beneficios para los sectores más vulnerables de la población.

Al amparo de esta ley, el Estado invita a la empresa privada a construir vivienda de interés social, motivándola con mecanismos tributarios, a poner en práctica una estrategia de responsabilidad social corporativa que no requiere inversión de capital. Esto es un gran acierto.

El mecanismo es simple en apariencia, pero profundo en sus implicaciones. Las empresas podrán donar al gobierno nacional viviendas de interés social terminadas y, a cambio, descontar el costo de construirlas hasta máximo el 30% de su impuesto a la renta. No hay transferencia de dinero, así de claro. Aquí el empresario privado no renuncia a nada, lo que sí hay es una renuncia fiscal por el lado del gobierno, que recibirá menos dinero por concepto de impuestos, pero lo hará por un bien mayor que, sin duda, merece la pena el sacrificio.

La ley abre una oportunidad, pero también traza un escenario que habrá que manejar con cautela. Hay preguntas en el aire, que seguramente se aclarán en el reglamento que regule los procesos, porque es necesario saber quién define la ubicación de los proyectos, cómo garantizar que no se concentren en zonas sin servicios, cómo se seleccionará a los beneficiarios, pero sobre todo, cuánto está dispuesto el Estado a dejar de recaudar sin que la caja fiscal sea vea afectada significativamente.

Desde lo económico el mensaje es claro, la intención es reactivar el sector de la construcción, generar empleo, movilizar capital. Desde lo social, el objetivo es urgente porque hay que dejar de hablar del déficit habitacional y actuar para reducirlo. Hasta aquí la apuesta es un ganar – ganar, pero desde lo tributario el costo existe, porque cada dólar que no entra por impuesto a la renta es un dólar menos en la caja fiscal, y no somos precisamente un país de economía holgada.

La expectativa obvia es que ese sacrificio fiscal se compense con mayor actividad económica, con mayor dinero en el bolsillo de la gente, con más gasto e inversión, lo que generará ingresos tributarios por otras vías, pero esa compensación no será inmediata. Mover el engranaje para construir vivienda toma tiempo. Elegir el terreno, obtener permisos, calificar o registrarse con el ente rector antes de mover la tierra, para recién ahí empezar a construir. No es cuestión de soplar y hacer botellas, nada sucede de la noche a la mañana, pero es nuestra obligación apostarle a este escenario que plantea un nuevo futuro.

Todo dependerá de la capacidad y voluntad de reacción de las grandes empresas, porque esta ley implica algo más profundo que una política de vivienda. Propone una nueva forma de relación entre el Estado y el sector privado, donde el primero deja de ser ejecutor para convertirse en facilitador, y el segundo asume un rol más activo en la construcción de soluciones para que tengamos un mejor país.

Lograr este equilibrio será el punto de inflexión. Si no, esta será una gran oportunidad que perderemos, porque en esto de dar vivienda a la gente que vive en extrema pobreza, las buenas intenciones no alcanzan. Esta ley no hará magia, no resolverá de inmediato el déficit habitacional que, según dicen los expertos, supera las 700.000 viviendas. Eso se traduce en 700.000 familias que viven, literalmente, bajo el puente. Imaginarlo es escalofriante.

Esta ley es una apuesta que esperamos ganar. O la apoyamos, o apagamos las luces y nos vamos, porque no hay otra solución.

Caridad Vela