Por Caridad Vela
Publicado: 20 de diciembre 2019
En este país de sopresas, de dimes y diretes, se torna labor complicada elegir los temas para tratar en esta columna. Hay mucho por resaltar, asuntos que para bien o para mal determinan el futuro, y otro tanto que sorprende porque, teniendo la posibilidad de enmendar, continúan estancados sin ninguna señal de solución. Siendo el espacio limitado debo descartar mucho, pero aquí va la dosis de esta edición.
EL NUEVO CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA
Tras dos largos años de espera, la Asamblea Nacional finalmente actuó en materia electoral. Con las justas logró finalmente un acuerdo entre polarizadas posiciones que mantenían en el limbo al proceso democrático ecuatoriano. El nuevo Código de la Democracia corrigió ciertos temas y la embarró en otros.
El proceso de asignación de escaños mediante el método el D´Hont no va más, a pesar de que Socialcristianos y Correístas, juntos también en esta ocasión, lo defendieron a más no poder, ahora rige el Webster. Según criterios entendidos, este método ofrece una representación más justa de las minorías. En teoría es lo que debe suceder en democracia, pero su efecto práctico está por verse, sobre todo ahora que tenemos evidencia de que un 7% de la población ha mostrado cómo la fuerza puede imponerse a la razón.
La segunda novedad es que en las elecciones de 2021 no podremos votar por candidatos de distintas listas. Es decir, con el martillazo del juez de la tremenda corte nos impusieron el voto en plancha. Ya no tendremos libertad de elegir tomando como parámetro, por ejemplo, la honestidad o trayectoria de los candidatos de varios partidos políticos. Al más puro estilo de Lope de Vega, “todos a una”, como en Fuenteovejuna, obra teatral que trata el honor del ser humano, la responsabilidad del poder colectivo, y los excesos del abuso del poder, votaremos en plancha. Esto, en mi lectura, es una absurda eliminación de derechos.
Hay otros temas, como el puyazo a la juventud que debe despertar y actuar en política de manera forzada. El 20% de los integrantes de cada lista deberán tener al menos 29 años. Es decir, estarán apenas graduados, con poca experiencia laboral, probablemente ni siquiera pagan impuestos todavía, pero improvisarán la riqueza de la nueva generación en cargos públicos. Complicado.
De un plumazo se prohíben los aportes de personas jurídicas a las campañas electorales, y se limita las contribuciones de personas naturales al 5% del gasto electoral de determinado partido político, siempre y cuando ese valor no supere el 30% de la última declaración de impuestos del aportante. Será que funciona?
Algo que llamó mi atención de manera positiva es que todos los candidatos a Carondelet, a las prefecturas y alcaldías cuyos territorios tengan más de 100.000 habitantes, tienen la obligación de debatir con sus oponentes. Finalmente conoceremos hasta el hilo de sus costuras.
Pero la guinda en el pastel es la nueva paridad de género. Hasta que haya “representación igualitaria”, la reforma establece una fórmula progresiva: para los comicios de 2021 hay un 15% obligatorio de representación femenina, en 2023 será el 30%, y para 2025 el 50%. En ese año regirá también la obligatoriedad de que el binomio presidencial sea mixto! Realmente me desconcierta evidenciar que son mujeres asambleístas quienes piensan que las mujeres no podemos llegar a posiciones electorales por nuestras propias capacidades. Fueron ellas las propulsoras de esta reforma que denigra al género femenino quitándole su valía moral, intelectual y académica, y cotiza nuestra participación como si fuésemos un bien tranzable.
EL MUNICIPIO DE QUITO
La incongruencia en la administración pública no deja de sorprender. Resulta increíble que varios constructores se vean impedidos de cumplir con el pago correspondiente al incremento de edificabilidad para sus proyectos, requisito indispensable para iniciarlos.
Aun después de pronunciar ampliamente su desacuerdo a este respecto deben cumplir con este mandato. Pero resulta que en el Municipio pasan los meses desde que los proyectos cuentan con todas las aprobaciones, y la burocracia que cobra sueldo sin trabajar no emite las órdenes de cobro!
Menciono dos ejemplos reales. Álvarez Bravo Constructores tiene detenido el proyecto del Edificio Sense porque, a pesar de que va con el cheque certificado por $280.000 a la ventanilla correspondiente, no hay orden de cobro. Lo mismo sucede con el Edifico Dalí de Constructora Rosero. El cheque certificado por $154.000 permanece en el cajón desde hace cinco meses porque tampoco hay orden de cobro emitida. Semaica sufre el mismo problema, y así hay muchos constructores más que cubren de su bolsillo los costos financieros ocasionados por la ineficiencia municipal.
Hasta cuándo?
MIENTRAS TANTO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL
En el lapso de una semana, el Consejo Municipal de Guayaquil discutió y aprobó por unanimidad la Ordenanza de Estímulo Tributario para las inversiones dirigidas a la construcción de programas habitacionales de interés social.
La normativa otorga un descuento del 50% en impuestos prediales y otras tasas establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que cobra el cabildo, para los proyectos de construcción de viviendas de interés socical en Guayaquil. El beneficio estará vigente durante 10 años.
Estas son las vías que abren puertas cuando el objetivo es atraer inversión privada a la ciudad. El beneficio paralelo es atender a los habitantes de los sectores más vulnerables del cantón, viabilizando y ejecutando políticas responsables desde la función pública, o en otras palabras, trabajando con sentido común.
IMPUESTOS PREDIALES
- QUITO: en un claro acierto, el Muncipio del DMQ, a través de un proyecto de ordenanza que seguirá su trámite, busca aplicar una nueva fórmula de avalúo para los inmuebles en su jurisdicción.
A pesar de que ocasionaría una reducción en ingresos al eliminar las distorsiones de sobrestimación del valor del suelo, el objetivo es ampliar la base de recaudación, incorporando a la masa de contribuyentes a aquellos ciudadanos que no cumplen con este pago por situaciones de distinta índole. Los montos emproblemados suman alrededor de $21 millones que se pretenden recuperar.
El proyecto de ordenanza sincera los avalúos en base a análisis técnicos, algo que se persige desde hace mucho tiempo y finalmente ha sido tomado en cuenta por esta administración. Por ejemplo, la ubicación exacta del predio, porque no cuesta lo mismo un predio esquinero o frontal que otro posterior; los años de construcción del inmueble, sus características constructivas, entre otros factores.
- GUAYAQUIL: al cierre de la edición se verificó que el Concejo Cantonal aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza que congela los avalúos de predios para los años 2020 y 2021.
SECTOR CONSTRUCCIÓN – SECTOR ESTRATÉGICO
A la grave situación económica por la que atraviesa la actividad de la construcción, con sus consecuentes repercusiones en la generación de fuentes de empleo y otras industrias paralelas, se suma la necesidad imperante de dotar de vivienda a los sectores de estrato económico más bajo de la población.
Evidentemente el gobierno pretende la participación de la empresa privada en la ejecución de proyectos de vivienda social, como debe ser, pero debe considerar que un sector en crisis, por más buena voluntad que tenga, no podrá hacer frente a situaciones que no revistan ingresos, al menos mínimos.
Si bien desde los ámbitos políticos y privados se han planteado iniciativas en beneficio de los constructores de proyectos de vivienda de interés social y público, como la exoneración del IVA para que sean viables, todavía no hay un pronunciamiento oficial para incluir a este sector como sector estratégico, con exoneración de otros impuestos.
Lo que sí se ha logrado por parte de las carteras de Estado involucradas en el tema, es el ofrecimiento de estudiar su impacto a nivel fiscal para tomar decisiones. Nos mantenemos a la expectativa de los resultados de este estudio que, a criterio personal, abrirían el camino para que la empresa privada active proyectos de vivienda social a lo largo y ancho del país.
CASO PROINCO
Queda en el tintero una investigación más profunda con respecto al caso Proinco. Lo que se ve en la superficie está plagado de irregularidades que entorpecen la aplicación de soluciones legítimas para devolver el dinero a los perjudicados.
Santiago Ribadeneira, hoy privado de libertad, asegura que hay suficientes activos que, manejados con transparencia y eficiencia, darían paso a la solución:
- 55ha en el proyecto Surbaya: $30 millones
- Rescatar 22has de La Giraldilla: avaluada en $10 millones
- Participaciones en los proyectos Belén 2 y Cabaña: $4 millones
- $18 millones de ingresos que Quski tiene pendiente devolver. Corresponden al negocio de La Yapa
- $5 millones en mora que adeuda La Yapa SAC Perú
- $20 millones por los que deben responder los interventores de la Superintendencia de Compañías, relacionados con cartera que quedó a su cargo, de la cual nada se sabe.
- $30 millones que la Superintendencia de Bancos debe restituir a los depositantes de Proinco, que con su aprobación trasladaron sus depósitos a otras empresas del Grupo, a las que luego acusó de captación ilegal forzando su cierre.
En total suman $117 millones en recursos ejecutables, que de sobra cubrirían los $67 millones que según Santiago restan por pagar, después de que en enero de 2018 se entregaron daciones en pago por $31 millones.
Es de conocimiento público que hace pocos meses Santiago protegió las pruebas de las que dispone para rescatar las fuentes de pago, y las entregó al Estudio Jurídico Pineda y Asociados, que tiene trazada la ruta para iniciar acciones legales contra quienes indebidamente, según él, se apropiaron de propiedades, negocios e ingresos que son la fuente para pagar a los acreedores. Han transucurrido 42 meses desde el juicio penal que sentenció a Santiago, tiempo durante el cual ni los interventores ni el liquidador han recuperado un solo dólar, y menos aun han dicho esta boca es mía.
Mantengo en la memoria la presencia del ex Superintendente de Bancos, hoy destituido de su cargo, quien dio paso al proceso por captación ilegal de recursos que terminó en sentencia por estafa masiva, cuando la misma institución a su cargo debía validar su legalidad y aprobar cada transacción. Parecería que la evidencia apunta a su culpabilidad.
Queda en el aire una duda… quién está lucrando con estos activos, o pecando de una impresentable negligancia, perjudicando con esto a los acreedores de la empresa hoy cerrada?