Resiliencia Urbana en Quito
Por Ena Carolina Yanchapaxi Burneo
En los últimos años, Ecuador se ha convertido en un escenario de extremos climáticos. Las estaciones, que antaño seguían patrones regulares, hoy alternan entre sequías intensas y lluvias torrenciales. Este desequilibrio, impulsado por el cambio climático, ha generado consecuencias devastadoras en diversas regiones, afectando tanto la vida humana como los ecosistemas y la infraestructura urbana.
En Quito, por ejemplo, el barrio La Gasca ha sido escenario de aluviones en tres ocasiones: 1975, 2022 y 2024. El aluvión de 2022, provocado por el desbordamiento de la quebrada El Tejado tras una lluvia torrencial, dejó al menos 28 fallecidos, 48 heridos y 12 desaparecidos, marcando un hito trágico en la historia de la ciudad. En 2024 otro aluvión impactó la zona, evidenciando la persistente vulnerabilidad de la región ante eventos extremos. Estos episodios no solo reflejan la creciente imprevisibilidad del clima, sino que también evidencian la urgente necesidad de replantear la planificación urbana.

Fotografía Diario La Hora
Simultáneamente, los incendios forestales han causado alarma en áreas protegidas y páramos, afectando la biodiversidad y generando pérdidas económicas y humanas. Durante septiembre de 2024, Quito enfrentó incendios que afectaron cerca de 140 hectáreas de bosques en sectores como Guápulo, la avenida Simón Bolívar, el cerro Auqui y el Parque Metropolitano.
El despliegue de más de 600 efectivos y 62 unidades por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito fue insuficiente para evitar la degradación de la calidad del aire en zonas densamente pobladas, como González Suárez, La Floresta y Bellavista. Además, se hallaron indicios de intencionalidad en el inicio de los fuegos, lo que ha llevado a la presentación de denuncias y a la priorización de la defensa de las áreas forestales.

Fotografía El Diario Ecuador
Estos eventos se enmarcan en un contexto global de cambio climático. En Ecuador se ha registrado un incremento aproximado de 1°C en la temperatura promedio durante las últimas décadas. Este aumento, aunque pueda parecer modesto, tiene consecuencias profundas: favorece la evaporación, reduce la humedad del suelo y prolonga las sequías, lo que a su vez aumenta la probabilidad de incendios y afecta la estabilidad del terreno.
A la par, las lluvias intensas sobre suelos expuestos como resultado de la deforestación y la expansión urbana desordenada, incrementan el riesgo de deslaves y aluviones, fenómenos que afectan directamente a la infraestructura y a la vida de las personas.

Fotografía Chinchetas en un mapa.com
La pérdida de cobertura vegetal en el Distrito Metropolitano de Quito agrava estos problemas. En la última década, la ciudad ha perdido aproximadamente 26.000 hectáreas de vegetación, equivalente a más de 35.000 estadios como el Olímpico Atahualpa. Esta deforestación, impulsada en gran medida por la expansión agrícola y urbana desordenada, compromete la capacidad del suelo para retener agua y estabilizar pendientes, aumentando el riesgo de deslaves e inundaciones durante lluvias intensas. Parroquias como Pintag, Pacto y Lloa han sido las más afectadas, evidenciando la necesidad urgente de integrar estrategias de conservación en la planificación territorial.
Ante este panorama, el urbanismo y la planificación arquitectónica deben repensarse para incorporar estrategias que mitiguen los riesgos y fortalezcan la resiliencia. La experiencia internacional, particularmente la de California, ofrece modelos que pueden adaptarse a la realidad ecuatoriana.

Fotografía Plan V
Entre estas estrategias destaca la creación de “espacios defendibles”, una técnica promovida por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Este método consiste en establecer barreras naturales y artificiales alrededor de las edificaciones, reduciendo el material combustible y facilitando la intervención de los equipos de emergencia. La división del entorno en áreas de control limita la propagación del fuego y mejora la capacidad de respuesta, lo que resulta crucial para proteger zonas habitadas.
Otra medida implementada en California es el uso de cortafuegos, que implica la eliminación de vegetación inflamable en franjas estratégicas. Esta técnica, junto con el mantenimiento regular de la vegetación mediante poda y desbroce, reduce la intensidad y propagación de los incendios. Además, la instalación de sistemas de recolección de agua en los tejados y rociadores exteriores en las edificaciones actúa como barrera preventiva, dificultando que las estructuras se enciendan durante una emergencia.

Fotografía Telle, Wikipedia
Para Ecuador, la adopción de estas medidas requiere la actualización de normativas de construcción y planes de ordenamiento territorial. La inclusión de franjas de seguridad en zonas de alto riesgo y la regulación del tipo de vegetación en los alrededores de las viviendas son acciones que pueden limitar la propagación de incendios en áreas urbanas, periurbanas y rurales. La selección de materiales de construcción resistentes al fuego, como ladrillo o piedra, en lugar de madera, fortalecería la resiliencia de las edificaciones ante eventos extremos.
Si bien los incendios son devastadores para la vida y la propiedad privada, su impacto sobre el suelo es igualmente crítico. La destrucción de la cobertura vegetal deja el terreno expuesto, incrementando el riesgo de deslaves durante lluvias intensas. En California se ha demostrado que la colocación de troncos en pendientes pronunciadas puede retardar el flujo del agua, permitiendo la regeneración natural de la vegetación y estabilizando el suelo. Esta técnica, de bajo costo y eficaz, podría adaptarse a las zonas montañosas y páramos ecuatorianos para prevenir tragedias similares a las de La Gasca.

Fotografía ManoMano
Otras medidas para combatir los deslaves incluyen la construcción de terrazas agrícolas, que reducen la erosión al disminuir la velocidad de escorrentía y facilitar la absorción del agua, y la instalación de muros de contención y gaviones en laderas críticas para evitar el colapso del terreno. En áreas urbanas, el uso de pavimentos permeables y sistemas de drenaje eficientes es fundamental para prevenir la acumulación de agua, reduciendo así la presión sobre el suelo y mitigando el riesgo de deslizamientos. Estas soluciones resultan especialmente relevantes en ciudades como Quito, Cuenca y Loja, donde la topografía montañosa incrementa la vulnerabilidad.
Más allá de las intervenciones físicas, la educación y la participación comunitaria son elementos esenciales. La capacitación de los residentes en prácticas de prevención, como la eliminación de vegetación seca y la formulación de planes de evacuación, fortalece la capacidad de respuesta ante desastres. En regiones propensas a incendios y deslaves, la participación activa de la comunidad no solo reduce la vulnerabilidad, sino que también promueve una cultura de resiliencia y cuidado del entorno.

Fotografía Aaron Greenwood- Unsplash
El impacto económico de estos desastres no es menor. Según el Banco Mundial (2022), la región de América Latina y el Caribe enfrenta pérdidas económicas anuales de hasta el 1.5% del PIB debido a eventos climáticos extremos. Para enfrentar estos desafíos, se recomienda una inversión sostenida en infraestructura sostenible, energías limpias y planificación urbana resiliente, evitando mayores costos futuros asociados a desastres naturales.
La integración de estrategias urbanísticas con una gestión ambiental eficaz representa el camino para transformar la vulnerabilidad actual en resiliencia a largo plazo. La experiencia en California demuestra que la combinación de espacios defendibles, cortafuegos y técnicas de estabilización del suelo, junto con normativas actualizadas y participación ciudadana, puede marcar una diferencia significativa en la prevención de incendios y deslaves.

Fotografía Yunus Tug- Unsplash
El futuro de Ecuador depende de la capacidad de sus ciudades y comunidades para adaptarse a un clima cada vez más extremo. La planificación urbana debe incorporar datos actualizados sobre tendencias climáticas, deforestación y expansión urbana para diseñar estrategias integrales que protejan a la población y el medio ambiente. La colaboración entre autoridades, urbanistas, investigadores y comunidades locales es fundamental para construir un territorio más seguro y sostenible.