Por Caridad Vela

Directora Revista CLAVE!

Publicado: enero 2020

Procuro siempre tener un balance entre cal y arena para que las proporciones sean adecuadas y el producto final sea consistente. No siempre lo logro, tal vez porque gana aquello que nos alarma y nos preocupa, sobre lo que nos trae paz y motivación. Son los trucos de la mente humana.

Todo tiene su lado bueno, depende de la óptica con que se lo mire. Hay novedades que tienen aspectos positivos y otros negativos, está en cada uno sopesar lo uno versus lo otro, al final del día es solo un tema de actitud. Es lo que hay, y con ello debemos vivir.

BIESS

En recientes declaraciones, Vinicio Troncoso afirmó haber iniciado el proceso de transformación en la institución para finalmente dotarla de una contabilidad clara y precisa que respaldará la transparencia a su accionar, a lo que se suma la eficiencia de un equipo humano competente, con el comportamiento ético que este cambio requiere. Esperamos pronto ver los resultados de este importante giro de timón.

Paralelamente hizo el esperado anuncio de la proyección de colocación de recursos en créditos hipotecarios. Para este año se planifica entregar $850 millones a los afiliados que decidan comprar vivienda. Si bien el monto no es espectacular, y es menor a lo proyectado en años anteriores, es una cifra realista, alejada de la politiquería que nunca se cumple. Este monto se destinará a financiar créditos para vivienda Vis, Vip, y también para aquella que supera esas características, mientras su valor no exceda de $460.000. Todo dependerá de la capacidad de pago del afiliado.

La tasa del 5,99%, plazo de hasta 25 años, con cero entrada, aplica para vivienda de hasta $130.000. Eliminar el pago de entrada para vivienda de este valor es un acierto en la política de la institución, ya que elimina la principal barrera que enfrentan muchos ciudadanos al tomar la decisión de hacer realidad este sueño.

Lo que escapa cualquier nivel de entendimiento es que el Biess colocó en 2019 más de $2,000 millones en préstamos quirografarios. No pretendo minimizar la importancia de este tipo de crédito, hay emergencias relacionadas con salud o imprescindibles pagos de educación, pero una gran cantidad de esos millones se va en consumo puro y duro.

En mi personal criterio, los montos de colocación en los distintos rubros de crédito que cubre el Biess deben tener como principal análisis el destino al que se enfocan, y el impacto que tendrán en los afiliados y en el país. Uno es el caso de los hipotecarios que, más allá de dotar de un techo propio a los afiliados, genera fuentes de trabajo y tiene importantes concatenaciones en otras actividades económicas que mueven la economía del país; y otro es el caso de los quirografarios que promueven el consumo, muchas veces suntuoso, y si bien aportan con mayores recaudaciones de IVA, no hacen mucho más. Valdría la pena reflexionar al respecto.

BANCA PRIVADA

La reflexión propuesta también se sugiere para los directivos de las instituciones financieras privadas. En el último reporte de Asobanca se especifica el destino de la cartera bruta según el tipo de crédito que otorgan. El resumen general demuestra que el 40% de los recursos se destinan a consumo, mientras que el 60% se destina a producción. Si bien la relación es favorable hacia las actividades que generan consecuencias positivas para nuestra economía en general, vale indicar que el documento al que hago relación muestra que de ese 60% destinado a producción solamente el 8% va a créditos para vivienda.

Aprovecho este espacio para felicitar a Banco del Pacífico, Banco Pichincha, Mutualista Pichincha y Mutualista Azuay por su activa y decidida participación en el segmento de vivienda social y pública. Esa actitud demuestra su compromiso con el país y con los sectores más vulnerables de la sociedad. Ojalá esta acción tuviese efecto de contagio a otras instituciones financieras, una especie de coronavirus con consecuencias positivas que benefician no solamente a sus accionistas sino la sociedad.

ASAMBLEA NACIONAL

Sin duda vivimos en el país de las contradicciones. Del poco tiempo que algunos legisladores trabajan, lo emplean más en deshacer que en hacer. Estamos ante una situación que reclama atención. La Asamblea Nacional pretende, o tal vez no, nunca se sabe, derogar la Ley Orgánica Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), aprobada en mayo 2016; o, en su defecto, derogar los capítulos relacionados con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Régimen Sancionador.

No cabe duda que toda ley tiene como antecedente la imperiosa necesidad de ordenar un caos. En este caso el objetivo fue regular el territorio, su uso y aprovechamiento, estipular sanciones que se aplicarán ante incumplimientos, y establecer parámetros de acción para que los GAD estructuren el rumbo a seguir. Buenas intenciones todas.

En su momento hablamos positivamente de esta ley, considerando que finalmente normaba ciertos aspectos que permanecían en el limbo, y son de vital importancia para el desarrollo urbano en el país, y que además se convertiría en un proceso estructurado que apoyaría a los GAD para establecer parámetros técnicos en cuanto a planificación. Según muchos criterios la ley es buena, es perfectible sin duda, pero también tiene aspectos totalmente negativos.

En mi constante contacto con líderes de la industria inmobiliaria y de la construcción, que son los verdaderos protagonistas de esta actividad, tengo el privilegio de escuchar varias voces y opiniones que me permito resumir a continuación.

Se piensa que si bien los entes de control se vuelven indispensables, el capítulo de régimen administrativo de la LOOTUGS es nefasto ya que otorga a un superintendente, nombrado casi a dedo, un poder sancionatorio extremo que está por encima de la autoridad que ostentan los alcaldes y prefectos del territorio nacional, y esto incomoda a algunos. Con el beneplácito que otorga la duda, no sería prudente afirmar que las autoridades locales pretenden evitar el control de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, entre otras cosas, porque sería un esfuerzo desperdiciado. Desde su creación, esta superintendencia no se ha dejado sentir, ni por acción ni por omisión, lo cual deriva en la pregunta de si es realmente necesario este ente burocrático.

Las autoridades locales, que sí fueron electas democráticamente, sienten limitado el control que ejercen sobre sus respectivas áreas de gestión, pero no escapa a nuestro análisis que la LOOTUGS es una ley especializada que traza un modelo de desarrollo, y representa un conjunto de normas que deben respetar tanto los administradores cuanto los administrados, pero debe ser reformada en varios aspectos. Por ejemplo, es un conjunto normativo que incluye sanciones de todo nivel de gravedad, desde leves hasta gravísimos, pero no existe el procedimiento para aplicarlos, y por lo tanto son letra muerta.

La derogatoria de la ley significaría un rotundo retroceso, sería como volver al tiempo en el que estábamos subyugados a intereses de ciertos partidos políticos, o sometidos al capricho de cualquier funcionario de turno dedicado a otorgar permisos de construcción a su antojo. Por otro lado, una modificación parcial que elimine la Superintendencia de Ordenamiento Territorial nos volcaría a vivir una situación acéfala, sin institución de evaluación y control. Son los dos lados de la moneda y ya no estamos para conformarnos con el mal menor, es hora de actuar en pos de perfeccionar lo que ha probado no funcionar.

Esperamos que los asambleístas actúen con responsabilidad en este debate, pues en sus manos están una serie de aspectos de vital importancia. La complejidad de las consecuencias que podría tener su falta de conocimiento en la materia ocasionaría enorme perjuicio al país.

SIGUIENDO CON LA ASAMBLEA NACIONAL

Ya que tengo legisladores rondando en mi cabeza, veo prudente recordarles varios temas pendientes que duermen el sueño del olvido. Son leyes calificadas de urgentes que descansan en algún polvoriento cajón.

REVISEMOS ALGUNAS.

Tengo una alerta de virus en mi computadora, y eso me trae a la memoria la filtración de datos que hace aproximadamente seis meses sufrimos los ecuatorianos. Gracias a un hacker internacional nos percatamos del robo informático de nuestra información bancaria, tributaria, patrimonial, personal, etc. Se levantó el avispero, sonaron todas las alarmas, cambiamos de clave una y mil veces en todas nuestras aplicaciones. La Asamblea aseguró que inmediatamente se encargaría de pronunciarse a través de una ley para la protección de datos, y con ello nos relajamos, pero a la fecha, nada que no sean ofrecimientos. Será que esperan otra filtración para actuar?

Otra. Los problemas en la frontera norte. Claro que solamente se trata de una invisible línea la que nos separa de Colombia, país que a pesar de ser maravilloso, trae varios problemas en su equipaje. Los más importantes: terrorismo, contrabando de droga y también de nuestros combustibles. Hizo falta que se derrame sangre de tres periodistas de El Comercio, hizo falta un coche bomba para que se sienta la necesidad de una ley específica, valga la redundancia, para asegurar nuestra seguridad en la frontera.

El proyecto de ley surgió del Ministerio de Defensa, no recuerdo cómo lo llamaron, y obedecía a la coyuntura de aquel momento. Los legisladores se mostraron visiblemente afectados por el trágico desenlace del secuestro de los periodistas ecuatorianos, pero hasta ahí llegó su pantomima. No sorprende si revisamos que, en el afán de impedir el contrabando de combustibles, el gobierno propuso la eliminación de subsidios. Un sector social protestó, se levantó en armas que, aunque domésticas, no dejan de ser armas, y destruyeron ciudades, quemaron edificios públicos, cortaron suministros de agua, etc., pero los asambleístas no vieron nada, a pesar de que las instalaciones de la mismísima Asamblea Nacional fueron invadidas por los manifestantes. Según ellos no sucedió nada en octubre 2019, y los campantes contrabandistas de combustibles siguen de fiesta. Todas estas son amenazas que vive el país, pero ante ellas siguen impávidos.

Otra más. El enorme éxodo de venezolanos hacia Ecuador, que por alguna razón a algunos tomó por sorpresa (como si alguien quisiera permanecer voluntariamente bajo el régimen de Maduro), requería una actualización urgente a la ley de movilidad humana. El proyecto de ley nació del Ejecutivo, esta vez fue María Paula Romo quien lo presentó, pero nada, ninguna acción al respecto. Es otro tema que seguirá pendiente hasta que algo explote en los medios de comunicación, hasta que sea tarde para volver el tiempo atrás.

Y la última que me viene a la memoria por repetitiva, es la famosa corrupción que llena las páginas de los diarios. Increíble que siendo un delito más antiguo que la antigüedad, hasta la fecha no tenga el código normativo que seguramente no erradicará esta mala práctica, pero al menos asustará a muchos. El proyecto de ley cayó en tierras áridas, por no decir en oídos sordos, al parecer porque muchos sienten que no pueden ser juez y parte en este proceso. Me explico?

Mucho hay en las gavetas de los cajones en la Asamblea Nacional, mientras tanto, ciertos legisladores se preocupan por discutir y aprobar proyectos de ley que tienen como finalidad conseguir dos horas libres a los padres de familia para celebrar aniversarios de boda o cumpleaños de los hijos. No pretendo restar importancia a los eventos familiares, pero si durante toda la etapa republicana hemos logrado manejarlos adaptando horarios, porqué de repente es necesario invertir tiempo y dinero de los ecuatorianos en discutir, elevar informes (porque los elevan), socializar la idea y negociar apoyos con este fin?

Los términos “urgente, prioritario, de atención inmediata” han cambiado su significado en el léxico asambleísta. Ellos manejan un diccionario que nadie más entiende, repleto de adornos para el discurso politiquero que, en la práctica, carecen de valor.

La lógica daría para pensar que los proyectos de ley que responden a urgencias son urgentes. En la mayoría de los casos la alarma se da por momentos de coyuntura, pero pronto se reemplaza con una nueva coyuntura, y así sucesivamente hasta que las carpetas se apilan de coyunturas, unas debajo de otras, y terminan enterradas.

MUNICIPIO DE QUITO

No es de cal ni de arena, es intermedia. Una noticia que se publicó en El Comercio hace varios días me sorprendió, y por eso tomé nota. Entre otras cosas aseveraba que en el Distrito Metropolitano de Quito hay varios predios cuyo avalúo catastral es igual o mayor a $1.500.000, que representan el 0,17% de los inmuebles registrados en la capital, y su pago de impuestos prediales suma el 30% del total de la recaudación del cabildo por este concepto, es decir, $29.5 millones de los $99,5 millones que representa el total.

En este grupo están 2.618 propiedades de un total de 971.000 que constan en el registro, pero solo 1.620 de ellas paga prediales. Las demás están exentas según la ley, pero algunas de ellas sí pagan otro tipo de tasas, como seguridad y mejoras. Las únicas que no pagan absolutamente nada son las que son propiedad del municipio, bajo el argumento de que el acreedor es también el deudor.

Mi lectura de esto es que todos los quiteños aportamos dinero en impuestos y tasas para pagar los servicios de seguridad y mejoras de los bienes del municipio. Así las cosas, no llama la atención que muchos de ellos permanezcan abandonados, subutilizados o en pleno deterioro, cuando se los podría transformar, recuperar o arrendar. Afortunadamente tenemos concejales como Luz Elena Coloma que en días pasados mencionó su preocupación a este respecto. Apuesto a que pronto tendremos novedades desde su despacho en el municipio.

 

 

 

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