Un referente de servicio a la ciudad de Quito
Por Caridad Vela
Durante 13 años, el Colegio de Arquitectos de Pichincha (CAE-P), ha sido un aliado técnico del Municipio de Quito a través de la Entidad Colaboradora de Proyectos, que es responsable de certificar los planos de nuevos proyectos arquitectónicos en el Distrito Metropolitano de Quito. Este modelo, único en el país y reconocido incluso fuera de nuestras fronteras, ha permitido que los trámites de aprobación, antes lentos y opacos, se transformen en procesos ágiles, transparentes y confiables.
“Antes de que existieran las entidades colaboradoras, obtener la aprobación de planos en el Municipio podía tomar hasta ocho meses”, recuerda María Samaniego Ponce, presidenta ejecutiva de la Entidad Colaboradora del CAE. “Era un proceso tortuoso, lleno de obstáculos administrativos y con riesgos de corrupción. Con nuestra intervención, el trámite pasó a resolverse en un promedio de 18 días, con acompañamiento técnico y transparencia total”.
Desde 2013, esta gestión ha permitido que más de 91.000 proyectos se aprueben en el Distrito Metropolitano, bajo rigurosos estándares de revisión técnica y con un sistema de control permanente. “Somos el brazo técnico del Municipio”, señala Felipe Corral, director de la Entidad Colaboradora. “Nuestro equipo de 50 profesionales, entre los que hay arquitectos e ingenieros, ingenieros ambientales, ingenieros de sistemas, certifica la correcta aplicación de las reglas técnicas antes de que el Municipio otorgue las licencias de construcción.
Esta ha sido, durante 13 años, una alianza público-privada que funciona a la perfección, y que ha fortalecido la confianza de profesionales y ciudadanos. No en vano tiene en su directiva a personalidades de destacado renombre. El Directorio de la Entidad Colaboradora del CAE está conformado por el presidente actual del Colegio de Arquitectos, Arq. Diego Ordóñez, y los tres últimos expresidentes: Handel Guayasamín, Pablo Moreira y María Samaniego.
Tan exitosa ha sido su gestión que la experiencia quiteña ha despertado interés regional. En Ecuador, ciudades como Otavalo, Sangolquí, Machala y Cuenca estudian el sistema para replicarlo. En Uruguay y Bolivia, este sistema ha sido presentado como referencia de eficiencia y control ético. La transparencia de los procesos, el soporte técnico y la constante innovación digital han convertido a la Entidad Colaboradora de Proyectos del CAE en un ejemplo de gestión moderna, eficiente y transparente.
María Samaniego Ponce
De hecho, Quito fue la primera ciudad del continente en aprobar planos de manera completamente digital, gracias a su plataforma ECP EN LINEA, que permite subir y revisar proyectos sin necesidad de papeleo físico. También se están desarrollando herramientas de inteligencia artificial para analizar planos, y además cuentan con un Centro de Información Urbana que concentra entre otros, la data de todos los proyectos certificados, aspecto muy útil para entender el crecimiento de la ciudad y planificarlo ordenadamente.
A pesar de todos estos logros, la continuidad del sistema puede sufrir una afectación económica considerable. Lamentablemente, la Entidad Colaboradora del CAE-P enfrenta una situación ajena a su control que está causando un desequilibrio financiero que podría incidir en sus niveles de servicio.
Para poner la situación actual en contexto, hagamos un poco de historia. Desde la creación de la Entidad Colaboradora, la autoridad municipal estableció que todas las entidades colaboradoras debían entregar al Municipio una prestación económica anual equivalente al 1 x 1.000 de sus ingresos. Sin embargo, en la última renovación del convenio con la actual administración de la ciudad, esa contribución se multiplicó cien veces, pasando a ser el 10% de la facturación total.
“En términos reales, explica María, pasamos de aportar alrededor de $4.000 anuales con el convenio inicial, a tener que desembolsar más de $245.000 anuales según el convenio renovado. El CAE-P es una entidad sin fines de lucro que invierte todos los beneficios económicos que recibe para beneficio de la Ciudad, la Arquitectura y el gremio. Esta es una cifra que desequilibra completamente nuestra operación”. Suena muy exagerado, sobre todo porque no hay un respaldo técnico detrás de esta decisión del municipio, que fue incorporada al convenio vigente.
Felipe añade que “en la práctica es la ECP quien asume todo el trabajo operativo, y además, tenemos la responsabilidad técnica y jurídica sobre las certificaciones que se emiten. Incluso tenemos contratada una póliza de responsabilidad civil profesional de medio millón de dólares a favor del Municipio, para proteger al Municipio y a los usuarios ante posibles errores”.
El impacto de esta decisión va más allá de lo económico. “Nos obliga a reducir inversiones en tecnología, capacitación y mejora de procesos que, si los vemos a largo plazo, afectarían la calidad y excelencia de nuestros servicios, y eso no le conviene al Municipio, ni a los profesionales, ni a la ciudadanía”, explica María.
Felipe Corral
Lejos de buscar confrontación, la Entidad Colaboradora apela al diálogo. “No pedimos privilegios, pedimos equilibrio. Este no es un negocio, es un servicio técnico que beneficia directamente a la ciudad y al sector de la construcción”. Y ante esta situación, presentan una propuesta sensata que se basa en revisar la prestación a un nivel razonable, no mayor al 5% de los ingresos, lo que permitiría sostener la operación sin poner en riesgo la alianza institucional, ni la calidad de los servicios que brindan. “Queremos seguir apostando por Quito, por una gestión técnica, moderna y honesta”, afirma Felipe, “pero necesitamos condiciones que lo hagan viable”.
La relación entre el Municipio y la Entidad Colaboradora de Proyectos se construyó sobre un principio de confianza y colaboración. En más de una década de funcionamiento, solo se ha registrado un caso menor de observación técnica, de entre más de 91.000 proyectos certificados, lo cual es un índice de error prácticamente nulo que refleja la seriedad del trabajo y el compromiso ético de la institución.
Pero a pesar de toda esta situación hay un valor agregado que no se ve a simple vista. La Entidad Colaboradora cumple una función vital, pues destraba procesos técnicos que impulsan la economía, generan empleo en el sector de la construcción y garantizan que los proyectos cumplan con las normas de seguridad y planificación urbana. Y lo hace con absoluta transparencia. Su labor no solo ahorra tiempo a los profesionales, sino que contribuye a la eficiencia institucional del propio Municipio, liberando a sus funcionarios para fortalecer tareas de control y planificación urbana.
En momentos en que la ciudad requiere eficiencia, confianza y transparencia, Quito debe aprovechar esta relación técnica que ha probado ser eficaz. Lo que se necesita es fortalecerla, ampliar su campo de acción, por ejemplo, habilitándolos “para ser partícipes activos en la regularización de construcciones existentes, en los procesos de reconocimiento de las construcciones informales o de regularización de áreas”, como menciona Felipe, para aprovechar su capacidad instalada y el personal técnico altamente calificado con el que cuenta la Entidad Colaboradora.
La Entidad Colaboradora de Proyectos CAE-P busca continuidad en su gestión y aportar a la ciudad desde su ámbito de acción, pero para ello se necesitan reglas equilibradas que garanticen la sostenibilidad de esta alianza que tanto bien le ha hecho a la ciudad de Quito y, en especial, al sector de la construcción.