Por Caridad Vela

El Puerto de Guayaquil funciona como reloj suizo, algo que a muchos sorprende y a otros intimida. Una mujer joven, supremamente inteligente, que a la par es esposa y madre, está al mando. La Abog. María Alejandra Muñoz, actual Directora del Servicio Nacional de Aduanas, ha hecho noticia por su acertada gestión.

María Alejandra Muñoz - Revista CLAVE! 95

María Alejandra Muñoz, Directora del Servicio Nacional de Aduanas

Comentarios favorables la preceden, busqué esta entrevista para conocerla personalmente porque admiro y celebro el éxito de una mujer; pero además porque la gestión de aduanas tradicionalmente se ha relacionado con tonalidades de gris, por decir lo menos, y ahora el panorama ha cambiado radicalmente.

Hablamos de conceptos, criterios, estrategias, retos y cifras de importaciones y exportaciones relacionadas con el sector de la construcción. María Alejandra entiende el momento que vive el país. “No podemos hablar de servicio público, ni de desarrollo o progreso, si no comprendemos la dimensión del problema”, me dice al arrancar esta entrevista, en la que se presenta con la seguridad que respalda el criterio de quien tiene las manos limpias y el alma transparente.

Empecemos por dimensionar el problema…

Durante muchos años tuvimos un sistema que maximizó la posibilidad de corrupción, que es una actitud vulnerable del ser humano. Pretender combatirla al 100% es como querer combatir la mentira o la falta de valores, defectos que existirán en la medida en la que haya vida, pero los sistemas tienen la posibilidad de maximizar o minimizar la posibilidad de corrupción. En el gobierno anterior se maximizó esa posibilidad al incrementar una gran cantidad de funcionarios públicos, tanto que se volvió incontrolable. Se dificultaron procesos, se reguló en exceso para complicar las cosas al punto de volverlo incumplible, y eso permitió abusos de discrecionalidad. Vivíamos un sistema de impunidad, las malas conductas del funcionario público se hicieron costumbre, y eso es corrupción.

¿Cómo se minimiza?

Hay al menos cuatro aristas relevantes. La primera es el talento de la gente, su preparación y educación. No podemos hablar de competitividad sin educación. Hay que acortar diferencias, no en términos económicos, sino en términos culturales. Es un camino sumamente complejo, y además hay que pensar en un modelo de país hacia el futuro. Una cosa es ser un funcionario público que empieza el día atrapado en la maraña de la agenda que la propia institución le impone. Otra es marcar su propia agenda con visión, ser innovador, aceptar el desafío de los líderes de hoy, y convertirse en verdaderos administradores de las instituciones donde trabajan. Ese es un modelo de gestión que se proyecta en el tiempo.

¿El segundo pilar?

Entender que las normas más simples y entendibles son las que más se cumplen, y por eso los procesos complejos y difíciles son los que más fácilmente se prestan a corrupción. Los trámites no son malos, pero hay que entender cuáles son los buenos.

¿El tercer pilar?

Tecnología. Los actos del funcionario público y privado deben ser trazables para posibilitar que su gestión sea auditada. Recuerda que la auditoría a funcionarios públicos puede hacerse hasta siete años después, pero si no hay registros no la podrás hacer nunca.

¿El cuarto?

Establecer una línea de denuncias que proteja al denunciante. En el mundo hay leyes anticorrupción muy estrictas, y todas reconocen que el mejor denunciante es quien está cerca, porque ve conductas irregulares, pero tiene miedo de denunciar. Puede ser sobre un funcionario que desperdicia su tiempo en lugar de trabajar, o que cada vez que se entera de cierta información la manda a alguien por Whatsapp. Con la línea de denuncias el funcionario sabe que tiene muchos ojos mirándolo, y el privado sabe que la denuncia puede rebotarle.

¿Por dónde empezar?

Las instituciones de vanguardia se administran desde el riesgo, todo se mueve para obtener resultados minimizando riesgos, marcando políticas de ética en el diario vivir. Ecuador tiene un antes y un después del acuerdo de facilitación de comercio ratificado por la Asamblea Nacional en 2018, que lo simplifico en tres frases: ver menos y saber más; administrar un perfilador de riesgos tecnológico de inteligencia para detectar posibles irregularidades; y lo último, hacer la vida fácil a los formales, porque así los informales se van haciendo identificables. Para dificultar menos el comercio debemos tener mejor inteligencia y más tecnología, eso nos permite ser eficientes en detectar posibles irregularidades y hacer controles diferenciados, por ejemplo dependiendo del lugar de origen, del perfil del importador o exportador, de los operadores intermedios.

¿Tienes tu hoja de ruta para el tiempo que queda?

Para establecer estrategias primero tuve que conocer a fondo la institución, y partiendo de ahí crear soluciones a mediano y largo plazo, pero pensando en el corto plazo, en acciones inmediatas. Lo primero fue innovar desde un modelo de gestión que permita integrar áreas. Creamos un comité estratégico y 14 subcomités de gestión. Se pensaría que nos pasamos de comité en comité, pero es todo lo contrario, hacemos auditorías cruzadas entre áreas, marcamos agendas y estrategias en el comité más grande, y pedimos cuentas a los funcionarios para entender qué tanto funciona el sistema de riesgos de la Aduana.

¿El resultado?

Alarma roja. Había 58.000 usuarios de comercio exterior registrados con un código de operador que no tenía nada que ver con el RUC. Decidimos homologar el código y hacer una recalificación de operadores. Los usuarios se redujeron a la mitad, se calificaron 26.000. Una cosa es dimensionar una institución para atender con recursos públicos a 58.000 supuestos usuarios, y otra es dimensionarla para atender a 26.000 usuarios reales.

¿Escucharon al sector privado para gestionar los cambios?

No es posible desarrollar el sector público sin que el sector privado esté involucrado en la discusión. Si cierras las puertas al diálogo, ese sector no se entera de lo que pasa, no exige lo que tiene que exigir y no plantea posibles soluciones. El sector privado es nuestro observador natural. No se puede hacer política pública desde el escritorio, porque esa política debe responder a una realidad. Primero entiendo la realidad, luego la regulo. A través de mesas de diálogo con 23 sectores y con las cámaras, determinamos dónde están los pequeños logros que se podían implementar en el cortísimo plazo.

¿Cruzan información con otras instituciones públicas de control?

Claro. Firmamos convenios con el Ministerio de Finanzas, SRI y UAFE para cruzar información. Encontramos, por ejemplo, que había operadores con régimen impositivo simplificado (rise) que estaban importando más de $60.000 al año, o personas naturales no obligadas a llevar contabilidad comprando más de $240.000 al año. Todo eso está normalizado.

¿Se incrementó personal para este efecto?

Todo lo contrario. Hicimos un ajuste en la estructura. En 2007 había 1.100 funcionarios civiles, en 2012 se compra una plataforma tecnológica de $30 millones para ser más eficientes, pero sorprende que en 2017 había 1.600 funcionarios civiles, pagados con fondos públicos. Ahora son 1.100 para atender a 26.000 usuarios. Somos más eficientes, hemos disminuido el 50% de los controles en puntos fronterizos, hemos focalizado mejor los controles posteriores y se ha incrementado la recaudación. Gracias a que hacemos auditorías aleatorias a los funcionarios, se han iniciado 600 sumarios administrativos, hay 300 sanciones y dos destituciones.

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¿Primero había que mirar casa adentro?

Así es. Ahora controlamos cada área interna para promover la transparencia, establecemos perfiles de los operadores de comercio exterior cruzando con información internacional, nos reconciliamos con el sector privado, y nuevamente estamos abiertos a convenios internacionales. Estados Unidos tiene en el Puerto de Guayaquil a tres delegados del Customs and Border Protection, área que pertenece a Homeland Security, perfilando contenedores.

¿Algún otro hallazgo?

Nos sorprendió que la cultura empresarial privada ha tomado por costumbre delegar las importaciones o exportaciones a ciertas áreas administrativas dentro de las empresas, cuando el comercio exterior es un tema delicado porque implica delitos internacionales, delitos de lavado de activos, o delitos contra la seguridad nacional. Son situaciones graves como para dejarlas a decisión de mandos medios.

Son varios retos los enfrentados…

Trajimos tres misiones internacionales para sumergirnos en la aduana, perfilar los riesgos y comprender dónde estaba el reto. Lo descubrimos, estaba en segmentar a los operadores de acuerdo a su perfil, porque cada uno tiene una forma distinta de ser controlado. En 2019 esto nos permitió abrir 5.000 contenedores menos que en 2018, e incrementar en 138% los ajustes por declaración aduanera, que se logró gracias a información cruzada. Finalmente los operadores entendieron que estamos mirando su patrón de comportamiento, y también el del funcionario que los atiende.

¿Los resultados son los esperados?

Hemos dado respuestas en el corto plazo. Este es el gobierno de la facilitación al sector privado, y aun hay mucho por hacer porque el cambio hay que institucionalizarlo. En los diez años del anterior gobierno se emitieron 4.400 regulaciones, una cada dos días en promedio, nosotros hemos emitido 20 regulaciones en todo este tiempo, todas orientadas a la facilitación. Conseguimos reducir de 5.5 días promedio el tiempo de desaduanización, a 3.5 días, pero lo más importante es que el 74% de las mercancías se desaduanizan en menos de dos horas. Este promedio es sobre las mercancías que se controlan en la frontera, las otras entran y se realiza controles posteriores

¿Mujer de mano dura?

Hablemos de inclusión. El promedio de direcciones con mujeres en la aduana era del 27%, hoy es el 85%. En este gobierno las carteras duras están en manos de mujeres: Ministerio de Gobierno y Aduanas que reportan directamente al Presidente porque manejan temas de seguridad nacional; además Servicio de Rentas Internas, Banco Central y Compras Públicas.

IMPORTACIONES 2019 SECTOR CONSTRUCCIÓN

Según Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU) F410

Durante el año 2019, 136 contribuyentes registrados con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas (CIIU) F410 “construcción” realizaron importaciones. Ese grupo representa el 0,51% del total de importadores registrados en el mismo año. 
El monto de importaciones realizado por los 136 contribuyentes es de $29,84 millones CIF, lo que representa el 0,14% del total nacional importado.
El monto de recaudaciones de los 136 contribuyentes es de $7,19 millones, que representan el 0,21% del total nacional recaudado 
(tabla 1).

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El 74% de las mercancías que se importan al país son originarias de China, Estados Unidos y Unión Europea (tabla 2).

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PRODUCTOS ASOCIADOS A LA CONSTRUCCIÓN IMPORTACIONES 2019

Los principales productos importados por el sector de la construcción se enfocan en: productos cerámicos (29%), maquinarias y sus partes (25%), y manufacturas de yeso, piedra y cemento (14%). Estos tres productos representan el 68% del total de mercancías relacionadas la construcción importadas durante el año 2019 (tabla 3).

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Bajo el esquema de clasificación del comercio exterior según uso o destino económico (CUODE), las importaciones de materias primas constituyen el mayor insumo para el sector, puesto que sus importaciones representan el 60% de participación de las importaciones totales realizadas en el periodo 2019 (tabla 4). El 51% de las mercancías son originarias de China, Unión Europea y Colombia (tabla 5).

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