DE CAL

El desastre causado por las manifestaciones de octubre escribirá varias líneas en nuestra historia, y provendrán de distintas ópticas. Diferentes posiciones políticas tendrán su versión, el análisis social será variado, y el impacto económico se estudiará a fondo. Al final del día todos perdimos, y es en lo único que coincidimos ricos y pobres, indígenas y mestizos, hombres y mujeres de cualquier edad.

Las organizaciones indígenas se vieron debilitadas al no lograr sostener el objetivo de su protesta social. Perdieron protagonismo, sus ideales fueron arrollados por hordas de delincuentes que, enmascarados, se juntaron a sus filas con propósitos criminales y oscuras intenciones políticas. Perdieron la identidad que tanto pregonan, a pesar de lucir plumas y pinturas en sus rostros se confundieron en esta masacre y llegaron con las manos llenas de errores, sosteniendo documentos escritos por otros, que pretendían ser propuestas serias pero fueron el ícono del desvarío.

A los efectos de ese terrorismo urbano hay que sumar la consecuencia de la equivocada asesoría económica que el sector indígena recibió, lo cual dejó en evidencia su ignorancia en este aspecto. Digo ignorancia sin afán de ofender, porque si contarían con un nivel básico de entendimiento no hubiesen sido susceptibles de semejante engaño por parte de Pablo Dávalos, que los llevó directo al abismo. Gracias a él perdieron la oportunidad de lograr resultados a sus propias y legítimas exigencias, que si hubiesen sido auténticas, seguramente se habrían validado.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lucharon a brazo partido, y lo digo literalmente porque no contaron con el equipamiento necesario para defender las ciudades y a sus habitantes. Su dignidad está herida. Fueron secuestrados, maltratados, abusados por masas emocionalmente distorsionadas, mientras los agresores clamaban por respeto exclusivamente a sus derechos humanos, pero no repararon en violar los del otro.

El regionalismo que pensábamos era historia, revivió. Los páramos, la papa y otros alimentos de la sierra se utilizaron para despersonalizar insultos hacia los indígenas serranos. El poncho, la guayabera, el cebiche y el locro fueron protagonistas en la verbalización de peyorativos comentarios. El machismo también se hizo presente. Tuvo su punto máximo cuando escuchamos a un destemplado Jaime Damerval, ex diputado, ex ministro de gobierno y ex candidato a la presidencia, expresarse en términos propios de un cavernícola machista sobre la actuación de María Paula Romo, Ministra de Gobierno. Ese fue su epitafio político.

El Presidente Moreno lució abatido la última noche de las protestas, y nos abatió a todos. La sociedad no golpista se sintió rendida, indefensa; pero nos repusimos al escuchar a Juan Sebastián Roldán decir “ceder no es perder, cedemos para ganar”. Gran verdad. Si el Presidente no tomaba la dura decisión de ceder en lo álgido de ese momento político, hoy no tendríamos derechos ni democracia, no tendríamos libertad, estaríamos encerrados en casa amenazados por vándalos bloqueando calles, mirando a la distancia el fuego consumir nuestro patrimonio. Decisión acertada, Señor Presidente.

Estuvimos al borde de la anarquía, y eso nos despertó a una realidad desconocida hasta entonces, y nos afectó. Quiénes son los que a rostro cubierto nos amenazaron? Quiénes son los que destruyeron nuestros negocios, calles, parques y plazas? Son vecinos, amigos, colegas? Es verdaderamente la pobreza y la falta de atención lo que los motiva? Son gente pagada para destruir, o es gente que a honesta conciencia piensa que esa es la manera de lograr resultados?

Ha transcurrido algo más de un mes desde aquellos sucesos. El ambiente está colmado de incertidumbres. El país está sometido al trazado de lineamientos de política económica que nacen de un pequeño grupo de indígenas mal asesorados, en quienes nadie legítimamente ha delegado autoridad alguna. Recordemos que el filtro que tiene la democracia para nombrar a sus líderes es el sufragio popular, y estos señores se han auto elegido a punta de lanza. Si tuvieran el 100% del respaldo de sus comunidades y naciones, como ellos las llaman, tendrían el 7% de la votación, es decir no lograrían ocupar ninguna posición de mando político nacional.

Con el Decreto 883 en el olvido perdimos la oportunidad de dar un primer paso en sentido correcto para enderezar el futuro económico del país. Ahora estamos ante un proyecto de ley con intenciones de hacerlo por otras vías, que acertadas o no, han generado reacciones desde distintos ámbitos sociales y económicos. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo con dedicatoria, peor si se trata de mantener a un sector de la población que no produce, no genera empleo, no paga impuestos, pero reclama que no se le atiende. Tener vida gratis a costa de los que trabajamos, eso pretenden. Rica vida.

Lo cierto es que la caja fiscal está en estado crítico, y el gobierno, gracias a la ceguera de la protesta indígena, sigue regalándonos dinero semanalmente a quienes poseemos vehículos.

LA DE ARENA

El colectivo Constructores Positivos tomó la única posición acertada en estas circunstancias. Juntó esfuerzos para reconstruir lo destruido en el Centro Histórico durante las manifestaciones, y lo hizo gratuitamente. La solidaridad llegó incluso a reparar las UPC que fueron vandalizadas en varios sectores del DMQ. Ahora lucen mejor que antes gracias a un sentimiento de amor por la ciudad que ojalá tuviera efecto de contagio.

Pero más allá de este altruismo solidario, Constructores Positivos se aleja de la pugna política y trabaja arduamente por llamar la atención de las autoridades nacionales y locales ante ciertos aspectos que necesitan urgente modificación. Estuve presente en una reunión de Constructores Positivos con los máximos representantes de la política económica y de vivienda del país, además de delegados del Municipio de Quito, en la que se toparon varios aspectos de los que doy cuenta en un amplio reportaje en esta edición.

Fue una reunión de diálogo abierto entre ciudadanos y autoridades en la que se lograron importantes determinaciones. Lo discutido tiene mucho valor, y si se materializan esas decisiones habremos dado un gran paso en pos de la recuperación del sector de la construcción. Primaron la lógica y la razón, como debe ser cuando todos, gobierno y empresa privada, remamos en el mismo sentido.

DE CAL PARA QUITO Y DE ARENA PARA GUAYAQUIL

Con no poca sorpresa he leído en medios de comunicación que otro de los efectos que dejó el levantamiento de octubre, es un futuro incierto para Quito. La capital estuvo totalmente expuesta a la violencia, mientras Guayaquil se blindó para detener las invasiones vandálicas. Quito no tiene capacidad de reacción en materia de seguridad, Guayaquil sí la tiene, es la evidente conclusión.

Esta situación presenta una disyuntiva entre los empresarios privados del país, sobre todo aquellos cuyo giro de negocio involucra distribución de productos de consumo masivo, pues se ven forzados a tomar una decisión: mantener sus operaciones en Quito o moverlas a Guayaquil. Quito estuvo paralizada durante 12 días, Guayaquil recuperó su operatividad mucho antes. ¿Cuál de las dos ciudades ofrece mayores garantías al sector empresarial?

En esto se traduce la competitividad. La ganadora disfrutará de nuevas fuentes de empleo para sus habitantes, más movimiento económico, más ingresos, su municipio dispondrá de nuevas fuentes de recursos para pontenciar su desarrollo y construir obra pública.

OTRA DE CAL

La ciudadanía quiteña continúa a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del alcalde de Quito, sobre la intención de Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central, que curiosamente, entre gallos y media noche, pretende adueñarse de las instalaciones del Centro Cultural Metropolitano, ubicado en el Centro Histórico de Quito.

Por donde se mire, esta es la exaltación a la falta de cordura. Olvida el señor rector que la universidad que dirige posee sendos inmuebles en el Centro Histórico que a la fecha permanecen sin uso alguno, y a pesar de eso, aduce dos argumentos en su reclamo de propiedad sobre el Centro Cultural Metropolitano. Uno, que ahí funcionó la universidad hasta 1945; y dos, que el próximo año la institución cumpliría 400 años de existencia. Es decir, pide por regalo de cumpleaños un pedazo del patrimonio de Quito, así como el alumno que pierde el año y pide viajar a Europa de premio.

Afortunadamente tenemos los quiteños a la concejal Luz Elena Coloma, que además de ocupar una curul en el Concejo Metropolitano, es la Presidenta de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del Municipio. Como es obvio, su reacción no se hizo esperar. Con el derecho que le otroga el tener la boca repleta de razón, explicó documentadamente que en 1945 el cabildo quiteño entregó “en permuta”, es decir en canje, los terrenos donde ahora está la Universidad Central, a cambio del edificio del Centro Cultural Metropolitano.

Ante esto Sempértegui va por otra alternativa engañosa a todas luces: no reclamar la devolución de las mencionadas instalaciones, y en su lugar intenta por la vía del comodato. Digo alternativa engañosa porque para otorgar un comodato solo se requiere la firma del alcalde, no la aprobación de la mayoría del Consejo Metropolitano, que sí se necesitaría en caso de dar paso al pedido de devolución de las instalaciones.

Si bien el alcalde no se ha pronunciado, sí lo han hecho varios concejales afirmando que el traspaso de propiedad es ilegal por cuanto la permuta se perfeccionó en 1945. A esto añaden que no están dispuestos a entregar a la universidad un edificio cargado de valor histórico en la ciudad que tiene gran actividad cultural de alta categoría cada año.

Pero más allá del valor histórico, cultural y patrimonial que tiene el Centro Cultural Metropolitano, se debe considerar la importancia de su estratégica ubicación. Está a pocos pasos del Palacio de Carondelet, y eso, en términos seguridad no es algo que puede tomarse a la ligera, sobre todo ahora que conocemos que la Universidad Central acoge en sus instalaciones a los desestabilizadores del régimen democrático del país.

OTRA DE ARENA

El proyecto de ley de crecimiento económico enviado por el ejecutivo a la Asamblea Nacional incluye un artículo relacionado con un impuesto a la plusvalía, cuyo contenido es extemporáneo analizar, porque Richard Martínez, Ministro de Economía y Finanzas, reaccionó favorablemente a los comentarios del sector de la construcción, y públicamente ha manifestado que ese artículo será eliminado, porque es contradictorio a la intención del gobierno nacional de apoyar a la recuperación del sector inmobiliario en el país.

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