Por Caridad Vela

El emblemático Parque de El Arbolito en Quito sirvió de escenario para una sorprendente manifestación democrática de la sociedad civil ecuatoriana. Sin distingos de ideologías políticas o estratos socioeconómicos, miles de personas se dieron cita para expresar su opinión de apoyo a la consulta popular, principalmente en cuanto a lo relacionado con la derogatoria de la ley de plusvalía.

Marcha Ley de Plusvalía - Revista Clave!

Mucha tinta ha corrido en medios de prensa dando cobertura a este tipo de manifestaciones. No han sido solo los gremios formalmente reconocidos quienes se han pronunciado, a ellos se han sumado voces independientes que se van juntando orgánicamente por un sentir generalizado. La imperativa necesidad de reactivar la actividad de la construcción, y con ello devolver el trabajo digno a cientos de miles de personas, es la causa común que entrelaza a conocidos y desconocidos.

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CLAVE! estuvo presente en El Arbolito. Nuestro lente captó estas imágenes que hablan por sí solas, y andando entre la gente escuchamos opiniones y mantuvimos sorprendentes conversaciones. Ciudadanos auto-convocados coincidían en una premisa: “queremos que nos dejen trabajar”. ¿En qué momento nos quitaron ese legítimo derecho? Pues el gobierno anterior lo hizo con descaro, enfrentándose al reclamo popular para dar paso a una ley de oídos sordos, sin análisis previo, sin argumentación válida; y peor aun, sin medir sus consecuencias.

 

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Henry Yandún

Nunca es tarde para rectificar, y aunque el tiempo transcurrido sin tomar correctivos se ha extendido más de lo esperado, llegó la hora de cambiar esta dañina realidad. La sociedad civil ve con buenos ojos la actitud que tuvo el Presidente Moreno al exigir al Consejo Nacional Electoral que dé paso a la Consulta Popular, toda vez que el plazo para exponer oposiciones venció con creces sin ningún pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.

 

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Patricio Álvarez Bravo

Así las cosas, oficialmente se determinó que el 4 de febrero de 2018 se realizará la Consulta Popular en el país. Hablando retroactivamente en ese orden de cronograma, el pasado 12 de diciembre finalizó el plazo para la inscripción de organizaciones políticas y sociales de carácter nacional debidamente registradas ante el Consejo Nacional Electoral, para dejar fe de su intención de participar en la campaña previa a la Consulta Popular.

 

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Las organizaciones que cumplieron con el proceso de registro esperan ser aprobadas para tener acceso a recursos económicos, que legalmente les correspondería del total de los $3´907.979,40 acumulados en el Fondo de Promoción Electoral que el CNE distribuirá, en partes iguales, para cada una de las dos opciones posibles: a favor del sí o a favor del no. El monto que cada organización política o social reciba deberá ser destinado para pagar las campañas únicamente en vallas publicitarias en la vía pública, televisión, radio y prensa escrita.

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En poco tiempo estaremos atiborrados de mensajes políticos en todos los medios de comunicación y redes sociales. Concretamente, a partir del 3 de enero y hasta el 1 de febrero, escucharemos argumentos a favor y en contra de la opción de apoyo a la propuesta del Presidente Moreno. Argumentos varios, y esperemos que válidos, llenarán los espacios de conversación y discusión, y los líderes políticos dejarán ver sus tendencias. Es hora de medirlos con inteligencia y sin pasiones, poniendo la vara a la altura de lo que la sociedad ecuatoriana merece.

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Mauricio Cattani

Pero volvamos al escenario en El Arbolito. Los asistentes mostraron satisfacción porque el Gobierno actual entendió que la derogatoria de la ley de plusvalía es una oportunidad para mejorar la actividad del país, que, a pesar de no ser suficiente, reactivará al sector de la construcción, ayudará a reducir el déficit de vivienda, y devolverá algo de la confianza perdida por trabajadores, empresarios e inversionistas.

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Los representantes de los partidos políticos tienen su discurso repasado, dominan el libreto de la comunicación pública y además tienen fácil acceso a los medios de comunicación. La gran desventaja que acarrean es que conocen el problema a nivel intelectual, pero no lo han sentido en carne propia. Su proyecto inmobiliario no ha quedado inconcluso, ni el banco ha detenido el crédito para terminarlo. Ellos, nuestros representantes en la Asamblea Nacional, tienen la obligación de legislar pensando en todos los sectores del país, y sí han hecho su esfuerzo, pero en la carpeta de pendientes está escuchar la posición de los verdaderos actores del sector.

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Su contraparte son los obreros, plomeros, electricistas, artesanos, arquitectos, ingenieros, constructores y proveedores de materiales de construcción, quienes, con menos dotes de solvencia verbal y poco acceso gratuito a micrófonos, enfrentan una dura realidad. Son 24 meses consecutivos de contracción en la actividad de la que obtienen recursos para alimentar, vestir y educar a sus familias; son créditos vencidos con el banco y ventas exitosas que finalmente no lograron concretarse. Ellos no están llamados a legislar, están obligados a hacerse escuchar por quienes los representan en la Asamblea Nacional.

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Para que los actores de la industria y los legisladores del país logren el objetivo que esta etapa de la historia reclama, es necesario asumir compromisos sociales y esa visión de país que ha quedado en el olvido. Es fundamental que, desde el ámbito de acción de cada uno, juntemos conocimientos y experiencias para cumplir con la responsabilidad que el país reclama.

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Cuando una voz se escucha por sobre las demás muere la democracia y se aniquila la participación de la sociedad; pero cuando muchas voces se hacen presentes ante mentes abiertas, sin egoísmos ni intención de lucro individual, ganamos todos. Si el legislador redacta la norma que transmite la realidad de la industria, y plasma en ella conceptos que se traducirán en más trabajo para los ecuatorianos, habremos recuperado la democracia participativa que hoy consideramos utópica. Pero si callamos y cruzamos los brazos, habremos perdido la valiosa oportunidad de determinar el rumbo de nuestro futuro.

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El 4 de febrero será un día importante. Al momento de tener los resultados de la Consulta Popular recordaremos el Parque de El Arbolito, esa soleada mañana cuando, juntos como hermanos, apoyamos la iniciativa del Presidente Moreno para derogar la ley de plusvalía.

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