Nathalie Cely
Ministra Coordinadora de Producción, Empleo y CompetitividadQUITO
Por: Carida Vela
Octubre-Noviembre, 2015

Nathalie Cely, Ministra Coordinadora de Producción, Empleo y Competitividad

 

 

Es para todos evidente que el mundo entero atraviesa una situación económica complicada, y Ecuador no es la excepción. Enfrentarla conlleva la necesidad de tomar medidas inmediatas para suavizar los efectos que podría tener.
Si bien durante los últimos años el Gobierno tomó las riendas para inyectar recursos en nuestra economía, hoy se ve impedido de hacerlo por la reducción en el precio internacional del barril de petróleo, nuestra principal fuente de ingresos. Así las cosas, llegó la hora de que la empresa privada se convierta en el principal gestor de la economía, pues sin su apoyo el Gobierno estará prácticamente atado de manos.

Desde el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, la Ministra Nathalie Cely comparte muy buenas noticias con nosotros. Aquí el detalle.

¿Cuál es la finalidad del proyecto de ley que fomenta la creación de alianzas público privadas?
El objetivo principal es abrir las puertas a nuevas inversiones a través de una ley que ofrece una serie de oportunidades y beneficios. La situación económica actual nos obliga a replantear ciertos conceptos para encontrar recursos económicos frescos, como alternativa a la reducción de ingresos que tenemos por el tema del precio del petróleo.
¿En qué estado está el proyecto de ley?
La versión final fue presentada al Presidente de la República hace pocos días para su revisión. Hay un par de disensos entre el frente productivo y el frente de política económica que esperamos el Presidente los zanje, pero no están relacionados con el tema de las alianzas público-privadas, sino con una serie de exoneraciones tributarias que estamos planteando para empresas que traen recursos internacionales. Una vez que esto se haya definido, el proyecto irá directamente a la Asamblea Nacional.
¿Qué entidad calificará si los proyectos pueden acogerse a los beneficios de esta ley?
Se conformará un comité integrado por representantes de los ministerios que ya existen y no se creará más burocracia, que actuará de la misma forma que el Consejo de la Producción en cuanto a aprobar contratos de inversión. Este nuevo comité tendrá la función de determinar cuáles proyectos de los que apliquen para conformar alianzas público-privadas podrán acogerse a los beneficios.
¿Cuál sería el procedimiento para obtener esta calificación?
Eso constará en el reglamento, pero básicamente se trata de que se cumplan los principios que el proyecto de ley establece y que la inversión esté enfocada a los sectores que estratégicamente se ha determinado. A partir de ahí, los proyectos deben presentarse en el ministerio al que le competa el tema, por ejemplo, los proyectos inmobiliarios entrarán a través del Miduvi para ser calificados. Una vez pasado este filtro se lo somete al Comité de Alianzas Público Privadas, y si es aprobado se emitirá la correspondiente resolución que dará paso al inicio del proyecto. Este comité revisa que el mismo tenga prioridad pública y que esté dentro del sector económico establecido para que la ley sea aplicable.
¿Hay sectores económicos para los que no se puede aplicar?
Hay que aclarar que esta ley no está orientada a amparar con estos incentivos a los contratos de servicios petroleros ni las concesiones mineras. Está hecho específicamente para el tema de infraestructura, vivienda y desarrollo urbano, y estamos discutiendo en este momento si debemos incluir temas de generación de energía.
¿Se establecen condiciones mínimas a cumplir para acceder a estos beneficios?
La ley es bastante flexible. Por ejemplo, no existen montos mínimos de inversión requeridos para acogerse a estos beneficios. El proyecto puede ser grande o pequeño, toda inversión es bienvenida. Tampoco involucra porcentajes mínimos de participación del sector público o del privado. Es decir que con este proyecto se deja sin efecto lo estipulado en las leyes de delegación de sectores estratégicos, que antes exigían que la participación del Estado sea mayoritaria.

Caridad Vela y Nathalie Cely

¿Pero necesariamente tienen que ser alianzas público-privadas?
No, y este es un tema importante. No es necesario que exista inversión pública, puede ser 100% privada. Para atraerla estamos generando un ambiente de estabilidad, ofreciendo garantías mínimas, y marcando parámetros que establezcan con absoluta claridad todos los elementos de estabilidad jurídica necesarios.
¿Incluso lo relacionado con resolución de controversias?
Obviamente. El marco legal propone que en caso de controversias se agoten primero los recursos nacionales que existen para el efecto, porque este es un tema de soberanía jurídica, pero también da cabida a arbitrajes internacionales.
¿Por el lado del sector público participarán solamente entidades del gobierno central o también de los gobiernos autónomos descentralizados?
Todas las entidades del sector público pueden participar, ya sean del gobierno central o de gobiernos locales. El marco institucional habilitante está listo. Pero, repito, el Comité deberá revisar los proyectos para aprobarlos y garantizar su seguridad jurídica durante el período de vida del proyecto, y emitirá la resolución respectiva, que en términos de estabilidad es una garantía que se nos ha pedido para atraer este tipo de inversiones que son a largo plazo.
¿Cómo afectará al sector inmobiliario y de la construcción?
Seamos prácticas con un ejemplo. El Ministerio de Defensa tiene un terreno muy importante que queda cerca del Parque Bicentenario. Tenemos un inversionista nacional que se ha aliado con un inversionista extranjero, y nos han presentado un proyecto que cabría dentro del concepto de alianza público-privada que estamos promoviendo. Este proyecto accedería a todos los beneficios de la nueva ley.
¿Es un proyecto de vivienda de interés público?
Involucra desarrollar 1.900 viviendas de interés público, es decir de hasta $70.000, con todos los servicios necesarios. Entre ellos, hospital, área hotelera, zona comercial, bancaria, educativa, etc. La inversión es importantísima, se acerca a los mil millones de dólares, que hemos logrado atraer gracias a los beneficios que estamos ofreciendo.

Nathalie Cely, Ministra Coordinadora de Producción, Empleo y Competitividad

¿Cuál sería la participación pública y cuál la privada?
El Ministerio de Defensa aporta con el terreno y la empresa privada, conformada por inversionistas extranjeros y locales, desarrolla el proyecto, lo construye y lo gestiona comercialmente. La empresa que se conforme entre estos tres actores para este específico proyecto, sería sujeto de los beneficios tributarios que esta ley pretende.
¿Qué tipo de beneficios tributarios aplicarían?
Se procederá a la devolución del IVA pagado en exceso, pues normalmente sucede que los promotores inmobiliarios no logran cruzar el IVA de compras con el IVA de ventas, y eso encarece en un 12% el costo final de la construcción. Además, tanto los inversionistas nacionales cuanto los extranjeros, estarán exonerados del pago de impuesto a la renta desde el instante en el que empiecen a generar ingresos. Por otro lado, la rentabilidad producto de la inversión extranjera tampoco pagará impuestos a la salida de divisas, y el proyecto estará exento del pago de aranceles si requiere importar materiales de construcción o acabados para la obra.
¿El objetivo es abaratar los costos de vivienda de interés público?
Esa sería la consecuencia natural, pero el verdadero objetivo es volver atractiva y rentable la construcción de proyectos de vivienda de interés público, porque además de que servirá como motor para impulsar la economía del país, ayudará a continuar con nuestra labor de reducción del déficit habitacional. Recuerde que además se debe pensar en otro tipo de proyectos de construcción que están relacionados con la creación de infraestructuras de servicio público, como son carreteras, puertos, hidroeléctricas, etc.
¿Otros detalles que contemple el proyecto de ley?
Esta no es una ley conceptual, institucional ni de definiciones, porque el marco regulatorio ya existe. Esta ley se concentra en los incentivos que se ofrecerán, y dentro de ello, tiene varios capítulos. Uno corresponde al tema de conformación de alianzas público-privadas; otro se refiere al tema de financiamiento extranjero de las empresas, donde antes teníamos ciertas restricciones que hemos decidido liberar.
¿Como cuáles?
Las leyes actuales permiten que las empresas utilicen solamente mecanismos tradicionales de financiamiento, pero hay otros sistemas que son muy innovadores y ahora se podrán aplicar. Por ejemplo las titularizaciones, o la venta de cartera y facturaje, que no estaban contempladas en la legislación actual. Estamos estableciendo con mucha claridad que los fondos de inversión podrán invertir en el país sin restricciones ni tributos, incluso a través de las bolsas de valores para lograr mecanismos de financiamiento para emisión de obligaciones, que bien podrían destinarse a empresas constructoras.
¿Qué estrategia se planifica para comunicar estas novedades a nivel internacional?
Aprovechando el viaje del Presidente a Nueva York para un tema de Naciones Unidas, hemos organizado una misión de promoción con invitaciones a inversionistas de ese país, en las que también participarán empresarios nacionales de diferentes sectores económicos para dar un contexto de las oportunidades que ofrece Ecuador. A renglón seguido vamos a tener un taller de promoción de sectores estratégicos, de alianzas público privadas en temas de infraestructura, construcción y desarrollo urbano. Estoy muy optimista de los resultados que podemos lograr. C!

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